No sólo delincuentes: ICE también arresta a residentes permanentes legales

En 2001, José Luis García fue condenado por un delito menor de violencia doméstica. Cualquiera que fuera el caos que causó dentro de su familia, el evento parecía desvanecerse con cada año que pasaba, a medida que el hombre se convertía en abuelo y se acercaba más a la jubilación

A principios de junio, la condena de casi dos décadas de antigüedad reapareció con furia cuando agentes de inmigración arrestaron a García, de 62 años, mientras tomaba café y regaba el césped de su casa en Arleta.

Su hija, Natalie García, pensó que debía ser un error. Su padre había sido un residente permanente legal desde 1988, y lleva su tarjeta verde en su billetera.

"Pensamos que esto le pasaba a la gente que ellos decían: criminales, miembros de pandillas", manifestó en una entrevista, entre sollozos.

Los inmigrantes autorizados en EE.UU. nunca han estado completamente protegidos de una posible deportación. Pero en su guerra contra la inmigración ilegal, la administración de Trump bajó el estándar para los agentes de inmigración, señalan los expertos.

El primer mandatario prometió tomar medidas enérgicas contra los inmigrantes con antecedentes penales, alegando que deberían ser deportados a sus países de origen. Agentes de Inmigración y Aduanas llevaron a cabo una serie de redadas en California, este 2018, en las cuales detuvieron a cientos de personas. Si bien se ha puesto mucho énfasis en el arresto de individuos que no tienen antecedentes penales pero están aquí sin autorización, el arresto de inmigrantes autorizados que tienen condenas en su añejo pasado ha recibido menos atención.

Desde su arresto, Marley duerme en la cama de García y se cubre con su ropa todos los días, para fingir que está allí. (Gabriel S. Scarlett / Los Angeles Times)

Los partidarios de Trump ven esto como una parte importante de su enfoque "duro". Pero otros cuestionan la imparcialidad de deportar a personas con estatus legal, que cometieron delitos relativamente menores hace mucho tiempo.

"Van a perseguir a cualquiera que puedan atrapar y sea deportable", aseveró Michael Kaufman, un abogado de alto rango de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU). "Eso lleva a casos como el de García, donde tenemos a alguien que ha vivido en el país por décadas. Es posible que haya cometido un delito hace mucho tiempo, pero se ha rehabilitado y es totalmente un miembro honrado de su comunidad, además de un apoyo clave para su familia”.

Debido a que su información está registrada en varios sistemas gubernamentales, los residentes legales permanentes pueden ser una presa más fácil para las autoridades, aunque la abrumadora mayoría de las personas que son objeto de deportación se encuentran en el país sin permiso.

García fue arrestado durante un operativo de tres días sobre amenazas a la seguridad pública en el área de Los Ángeles, que comenzó el 10 de junio y registró 162 arrestos. De ellos, 15 eran residentes permanentes legales.

ICE no rastrea las estadísticas sobre arrestos de inmigrantes con autorización en EE.UU., afirmó la agencia. Al 1 de enero de 2014, se estimaba que 13,2 millones de residentes permanentes legales vivían en el país, según un informe del 2017, de la Oficina de Estadísticas de Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional

"Algunas de estas personas a las que apuntamos tienen tarjetas de residencia", afirmó un agente de ICE a su equipo antes de buscar objetivos de arresto. “Entonces, deberíamos contar con una buena dirección de ellos”.

Natalie Garcia and Marley
Natalie García (centro), y su hija Marley Hodges esperan para visitar al padre de Natalie, José García, en el Centro de Detención Theo Lacy, en Orange Gabriel S. Scarlett / Los Angeles Times
Marley plays with a friend
Marley Hodges (centro) y Kati Moran juegan con una casa de muñecas mientras sus madres, Natalie García (izq.) y Rosa Morán, hablan.Gabriel S. Scarlett / Los Angeles Times

Las bases de datos revelaron que García "tiene condenas penales pasadas, que lo hacen susceptible de ser expulsado de Estados Unidos", según ICE. La agencia no especificó las condenas, pero una búsqueda de registros judiciales arrojó la condena de 2001, así como otra, de 1987, por violar una orden de restricción. En el caso de violencia doméstica, García fue sentenciado a 25 días de cárcel y tres años de libertad condicional.

Los residentes permanentes autorizados deben cumplir con criterios específicos para estar sujetos a una deportación en el marco de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, de acuerdo con ICE. Por ejemplo, los condenados por un delito grave son repatriables, y los residentes permanentes "que en cualquier momento después de la admisión han sido adictos, o aquellos que son condenados por violar las leyes o regulaciones estadounidenses en relación con una sustancia controlada -más allá de una ofensa única que involucre posesión de hasta 30 gramos de marihuana para el uso propio-, son deportables”, conforme ICE.

Cuando alguien solicita la naturalización, debe mostrar un buen carácter moral durante un período de cinco años anterior a la solicitud. En el caso de un delito grave con agravantes, uno nunca puede cumplir con este estándar, que típicamente impide que un solicitante pueda naturalizarse.

La violencia doméstica no se considera un delito grave, pero es "siempre un delito [que genera] deportación", independientemente de si se trata de uno menor o grave, o de cuántos años han pasado, según Carl Shusterman, un abogado de inmigración de Los Ángeles que solía trabajar para el Servicio de Inmigración y Naturalización. Es posible que si García hubiera solicitado la naturalización, ello hubiese desencadenado procedimientos de deportación anteriormente, aseguró Shusterman.

“Para casi todo el mundo, si inmigración se entera de la condena por violencia doméstica, los ponen inmediatamente en el proceso de deportación”, expresó.

El abogado de inmigración de García, Mackenzie Mackins, indicó que la conducta anterior al período de cinco años puede afectar si García cumple con los requisitos de naturalización, pero la consideración de tal conducta es discrecional.

“Puede [el Servicio de Ciudadanía e Inmigración] denegar su solicitud y remitirlo a la corte en ese momento? Por supuesto. Pero no creo que lo hubieran hecho” en casos como el de García, consideró Mackins. "Aquí, una condena por violencia doméstica en 2001 sería solo un factor discrecional a considerar en su solicitud de naturalización”.

Junto con otros factores, la cantidad de años sin ningún problema con la ley podría tenerse en cuenta, agregó.

Mackins dijo que su cliente es elegible para la cancelación de expulsión de residentes permanentes, lo que le permitiría quedarse en el país, porque su delito fue menor y su sentencia fue inferior a un año.

"Hay ciertos factores que ahora tenemos que litigar en la corte, frente al juez de inmigración, para que él conserve su tarjeta verde", indicó Mackins. "Si ganamos ese caso y tenemos éxito, él puede solicitar la naturalización de inmediato".

El primer día del operativo del ICE, a principios de junio, los agentes también detuvieron a Adriana Espejel, de 26 años, que llegó a Estados Unidos cuando tenía cinco años y es titular de la tarjeta verde desde 2010.

En mayo pasado fue condenada por la posesión de una sustancia controlada para la venta. Eso la hizo "susceptible de ser repatriada", según ICE.

Natalie García intenta consolar a su hija, Marley Hodges, después de una visita al padre de Natalie, José García, en el Centro de Detención Theo Lacy, en Orange. (Gabriel S. Scarlett / Los Angeles Times)

"Me despertaron y me dijeron que me iban a arrestar por inmigración. Pero no soy indocumentada aquí", afirmó Espejel, poco después de su arresto. "Tengo mi residencia permanente, no tiene vencimiento... Fui a la cárcel, cumplí mi condena, no veo por qué inmigración se enteró después, cuando ya estaba en libertad”.

Las huellas dactilares de los detenidos en redadas de inmigración se registran electrónicamente con el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), según David Marin, director de Operaciones de Detención y Repatriación de ICE en Los Ángeles. Cuando un residente legal permanente es arrestado por un crimen deportable, los agentes hacen más tarde un seguimiento de la persona.

Una vez que hay documentación de una condena, los agentes de ICE informan a un abogado de la agencia, que decide si la persona es elegible para un proceso de deportación, según Marin.

Entre otros objetivos de la reciente acción de ICE se encontraba un hombre que obtuvo estatus legal a través de su esposa en 2013, pero que tenía múltiples condenas por drogas. Otro hombre, que obtuvo estatus legal en 2014, fue blanco debido a una condena, este 2018, por crueldad hacia un niño.

El caso de García fue diferente, porque pasaron casi dos décadas desde que fue declarado culpable de un delito.

Los agentes de inmigración lo detuvieron fuera de su casa, cuando estaba a punto de salir a conducir para Uber. Su hija se despertó con el sonido de su padre gritando su nombre, mientras agentes con chalecos que decían "Policía" lo colocaban en un SUV negro.

Undated handout photo of Jose Luis Garcia. Garcia was arrested at his home in Arleta in June 2018. G
José Luis García fue arrestado en su casa, en Arleta, en junio de 2018. Garcia family
Natalie Garcia
Después de la graduación de kindergarten de su hija, Natalie García reposa, agotada, en su casa de Arleta Gabriel S. Scarlett / Los Angeles Times

No fue hasta después de que se marcharon las autoridades que la familia miró la tarjeta que habían presentado, con el número de registro de extranjero de García, y comprendieron que eran agentes de ICE. Cuando Natalie visitó a su padre en el centro de procesamiento, relató, el hombre no entendía por qué estaba allí.

García llegó al país desde el estado mexicano de Michoacán cuando tenía 13 años, y trabajó en los campos en el norte de California. Más tarde compró una casa en Arleta, donde vivía con su esposa, sus dos hijos y una nieta.

En su casa familiar, Natalie sollozaba mientras hablaba de la presencia constante de su padre, tanto en su vida como en la de su hija, Marley, de 6 años, a la que ayudaba a criar. Cuando la niña habla de él, se refiere a su abuelo como "mi papá”.

En la cama de García, la pequeña había tendido cuidadosamente una de sus camisas sobre una almohada, un par de pantalones cortos y sus calcetines. Desde el arresto, ella ha dormido en la cama de su abuelo.

La esposa de García le dijo a los agentes que ni siquiera recordaba el incidente de violencia doméstica, que luego calificó como una disputa menor.

Shusterman aclaró que, durante la administración de Obama, las prioridades de inmigración eran marcadamente diferentes.

"Encontramos esto con mucha frecuencia, y especialmente con esta administración (…), que persiguen a personas con violaciones muy, muy antiguas e intentan deportarlas", explicó Shusterman.

Marley Hodges se prepara para su ceremonia de graduación de jardín de infantes, en su casa en Arleta. (Gabriel S. Scarlett / Los Angeles Times)

García está bajo la custodia de ICE mientras espera la determinación de un juez perteneciente a la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, sobre si tiene una base legal para permanecer en EE.UU. La audiencia está fijada para el 29 de junio, día en que su hija también planea realizar una manifestación en el exterior del Edificio de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU., en el centro de L.A.

Tras el arresto de García, a su esposa, que también es residente permanente legal, le preocupa su propio estado.

"Le está sucediendo a algunos que tienen documentos", expuso María Dolores García. "No solo confíe, verifique sus antecedentes, hágase ciudadano, esté atento a los cambios... No quiero que esto le pase a otra persona”.

Marley
Después de su graduación de jardín de infantes, Marley corre con globos, en el exterior de su casa en Arleta. Gabriel S. Scarlett / Los Angeles Times

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